Mafia estafó a compañías de seguros por US$215 mil asegurando autos chocados

La policía investigó dos años a una red dedicada a la compra de autos siniestrados para luego volverlos a asegurar y cobrar póliza simulando robos y choques. En el Perú no hay registro de autos siniestrados que alerte a las aseguradoras.
Samuel Santacruz Chinoapaza tenía una doble vida. En una, era un odontólogo que se esforzaba por aprender nuevas técnicas dentales –según su cuenta de Facebook– y en la otra era el presunto cabecilla de una red criminal que estafaba a las aseguradoras de vehículos haciéndoles creer que algunos automóviles recién comprados habían sido robados o chocados para, de esta manera, cobrar los seguros. El Ministerio Público calcula que la organización, que tenía en sus filas a policías, habría recaudado US$215 mil con esta modalidad.
La investigación a Santacruz empezó en el 2017, pero la mafia operaba desde el 2014, cuando él tenía 26 años. Hoy, este odontólogo, que nació en Iquitos, está preso preventivamente por 36 meses, en el penal Ancón I junto con sus cómplices, acusados del delito de estafa agravada y organización criminal, aunque él buscaría librarse de esta última pena (15 años como máximo).
Las averiguaciones en la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional comenzaron a raíz de que los administradores de las aseguradoras Pacífico, Rímac, Mapfre, La Positiva, entre otras, detallaron a la policía que habían detectado que varios clientes, sospechosamente, exigían el pago del seguro de sus vehículos –apenas dos o tres meses después de haber iniciado a pagar por la póliza–, aduciendo engañosamente que se los habían robado o chocado. La investigación tardó dos años e incluyó escuchas telefónicas a toda la red.


– ¿De dónde sacaban los carros?–

Cuando un carro asegurado colisiona o es robado (completo o por partes), la empresa aseguradora está en la obligación de indemnizar al dueño de ese vehículo con el valor comercial del carro, siempre y cuando este haya sido declarado como “pérdida total”. Esa unidad (con su respectiva placa) pasa a ser propiedad de la compañía de seguros, que luego la pondrá en venta en un remate. 
“Hay un mercado para gente que compra vehículos siniestrados en las aseguradoras, los arreglan y utilizan. Si alguien los adquiere, la compañía los transfiere a su nombre”, explica Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Bajo este esquema, la red que habría encabezado Santacruz adquirió una serie de unidades. Las compraba, las reparaba y las volvía a asegurar, pero en una compañía de seguros diferente. Está prohibido que una aseguradora que vendió un carro siniestrado lo asegure de nuevo. Es más, ninguna empresa debe asegurar carros accidentados. 
El vacío del que se aprovechó la mafia, según el presidente de Apeseg, Eduardo Morón, es que en el Perú no hay un registro de esas unidades que pueda ser cotejado por todas las compañías. “Son vehículos que solo sufrieron raspones o les robaron los espejos retrovisores, cosas leves. Es por eso que durante las inspecciones que se realizan antes de asegurar un carro es imposible detectar que fue siniestrado”, resalta Morón.

De acuerdo con las indagaciones, si, por ejemplo, el carro había costado US$6 mil en el remate, lo aseguraban por US$15 mil para obtener más dinero a través de la estafa. “Captaban a personas de diversas partes del país, a quienes les pagaban un sencillo solo para que aceptasen que les transfieran el carro a su nombre y luego simularan una venta del automóvil a un precio elevado. Las notarías donde se hacían las transferencias de propiedad no exigían algún comprobante de pago”, detalla un agente de Estafas que investigó el caso.

De esta manera, los estafadores empezaban a pagar la póliza y, luego de tres meses, indicaban a la compañía de seguros que les habían robado los carros para que los indemnizase, cuando eso era falso. En otros casos extremos, la mafia colisionaba adrede los vehículos con otros de su propiedad solo con el propósito de cobrar el seguro por accidente.

En diciembre del 2015, Santacruz “declaró el robo de autopartes de un vehículo Mazda y posteriormente se le indemnizó con US$28.800, la póliza de seguro tenía 17 días de vigente”, según la formalización de la denuncia en su contra.

Ese mismo vehículo, dos años antes, con otro propietario ya había sido declarado como “pérdida total”. En remate, el carro fue comprado por un primo de Santacruz por el monto de US$6.796, en febrero del 2015. La investigación también determinó que cuando las aseguradoras se tardaban en pagar el seguro, la mafia se las ingeniaba para exigir a Indecopi que se concrete el pago porque “era su derecho como consumidores”.


–Carros robados e injertados–
Además de los carros siniestrados que sufrieron accidentes leves, las aseguradoras también venden los que están en calidad de chatarra a un precio menor. En este caso, a diferencia de los otros, las placas de esas unidades son entregadas a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para que las anule. Sin embargo, según la División de Estafas, la mafia sacaba duplicados de placas antes de que sean anuladas. Fuentes de la PNP no descartan que esta organización haya estado coludida con empleados de la Sunarp y de las mismas aseguradoras.

“Esos carros considerados chatarra los arreglan, les colocan piezas de otras unidades similares y les ponen una placa duplicada. Se ha determinado que tres vehículos con similares características de fabricación circulaban en el país con la misma placa de rodaje”, indica una fuente del Ministerio Público. También colocaban las placas duplicadas a autos robados y vendían esas unidades hasta en US$30 mil.

Los carros injertados eran vendidos en el interior del país e incluso en Bolivia. Según la investigación, agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) habrían realizado peritajes a los vehículos clonados y emitido un certificado a favor de esta red. 

La organización estuvo integrada por 23 maleantes. A todos se les intervino el 11 de diciembre en Lima, Huaraz, Chiclayo, La Oroya, Chincha y Barranca. Todos están con prisión preventiva por 36 meses.



Fuente: Diario – El Comercio

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